¿Por qué?

La coyuntura actual es una que favorece el retomar los esfuerzos del Colegio para la creación de una nueva ley que reglamente la profesión de trabajo social en Puerto Rico y derogue la ley vigente la cual data de 1940. En el 2016, luego de más de tres años dedicados a la elaboración y radicación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley avalado en asamblea ordinaria del CPTSPR, una versión enmendada de dicho proyecto se aprobó en la Cámara, pero este no fue considerado en el Senado.  Durante el cuatrienio 2017 – 2020 el foco del Colegio fue defender la colegiación ante la amenaza de descolegiación por parte de la legislatura, por lo cual no se le dio seguimiento al proyecto.

Ante las nuevas condiciones en la Legislatura, el Colegio comenzón en 2021 los esfuerzos para retomar y actualizar el proyecto de Ley ya aprobado en la Asamblea Extraordinaria del 19 de septiembre de 2015 mediante procesos participativos y democráticos y a su vez ágiles, que garanticen el avance a su consideración legislativa. Esto, sin socavar la participación del colegiado en un proyecto que represente los mejores intereses de la profesión y de la ciudadanía.

La actualización del proyecto ya previamente avalado por la matrícula responde al reconocimiento de que, desde 2015 al presente no se ha reconocido a la profesión como una esencial para el país, particularmente en contextos de emergencias socioambientales y de salud, a pesar de su participación en todos los procesos de recuperación post-María y durante la pandemia del Covid-19.  Tampoco se ha compensado a los y las profesionales con salarios y condiciones laborales justas.

Sin embargo, la profesión ha estado presente en escenarios comunitarios, de salud, escolares, de justicia y penitenciarios, entre otros, ofreciendo y coordinando servicios de asistencia social, socioeducativos, psicoterapéuticos, forenses y para el desarrollo, así como en la administración de programas sociales y el análisis y formulación de política social. Esto, a pesar de la precariedad laboral y el costo emocional de ejercer bajo problemáticas sociales críticas.

Al presente, nos encontramos en una nueva coyuntura que nos exige adelantar procesos legislativos para exigir justicia salarial y condiciones laborales dignas.